Prioridad nacional en positivo

– Pablo Nuevo López

Las elecciones autonómicas del 17 de mayo en Andalucía han dejado un Parlamento fragmentado, en el que la única opción viable para formar gobierno pasa por un pacto entre PP y Vox.

Más allá de si Vox entra o no en el Consejo de Gobierno, uno de los ejes centrales del acuerdo será, previsiblemente, la “prioridad nacional”, como ya ocurre en otras Comunidades Autónomas gobernadas por ambas formaciones (Extremadura, Aragón). Este principio busca establecer criterios claros de arraigo a la hora de distribuir recursos públicos limitados: ayudas sociales, vivienda protegida o prestaciones. Se trata de priorizar a quienes demuestran un vínculo real, duradero y verificable con el territorio —a través de empadronamiento prolongado, vínculos familiares, laborales o formativos—, frente a una distribución puramente universalista que no tenga en cuenta el esfuerzo de integración y contribución.

La prioridad nacional no es solo un mecanismo de ordenación de colas en la asignación de beneficios. Es una forma de reconocer que los recursos públicos son finitos y que las administraciones autonómicas tienen la responsabilidad de defender primero a su propia comunidad política. Sin embargo, esta visión tiene un límite lógico evidente: la prioridad nacional exige que haya nacionales. No basta con gestionar mejor lo existente si la base demográfica española sigue erosionándose por bajas tasas de natalidad, envejecimiento y dependencia de flujos migratorios.

Aquí surge una segunda dimensión, complementaria y más profunda, de la prioridad nacional: las políticas públicas activas de fomento de la natalidad y la familia. No se trata solo de “primero los de aquí” en el reparto de ayudas, sino de garantizar que en el futuro haya más “de aquí”. Esto implica medidas concretas como deducciones fiscales por nacimiento y crianza, apoyo a la conciliación, vivienda asequible para jóvenes familias, incentivos a la maternidad y paternidad, y protección efectiva del modelo familiar tradicional como núcleo estable de la sociedad. Sin demografía, cualquier prioridad nacional se convierte en un ejercicio meramente defensivo y, a medio plazo, insostenible.

Andalucía tiene plenas herramientas para impulsar esta agenda gracias a su Estatuto de Autonomía de 2007. El artículo 17 garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia. Más relevante aún es el artículo 61, que atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de servicios sociales, protección de menores y, especialmente, “promoción de las familias y de la infancia”, incluyendo las medidas de protección social y su ejecución.

La Junta de Andalucía puede, por tanto, diseñar un paquete integral de políticas familiares. Un gobierno PP-Vox tendría aquí una oportunidad histórica: combinar la prioridad nacional en el acceso a prestaciones con una ofensiva decidida por revertir el invierno demográfico. No son dos políticas contradictorias, sino dos caras de la misma moneda: afirmar la continuidad de un pueblo que se reconoce a sí mismo y decide invertir en su propio futuro.

Andalucía puede convertirse en laboratorio y motor de un nuevo modelo, que sin renunciar a la solidaridad la ordene con sentido común. El pacto que surja de estas elecciones no debería limitarse a la aritmética parlamentaria. Debe ser la ocasión para una política valiente que ponga a las familias en el centro. Porque sin familias fuertes y renacimiento demográfico no habrá Andalucía -ni España- fuerte en las próximas décadas.

.