La propiedad como institución civilizatoria – Ricardo Martín de Almagro

La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina en diciembre del año pasado no solo supuso un terremoto en la política nacional e historia del país austral, sino que la repercusión de su discurso traspasa fronteras a través de Internet y llega a todos los rincones del planeta. Desde la Gran Crisis Financiera empezada en 2007 y agravada en 2008, vivimos una tendencia en la que el intervencionismo del Estado es cada vez mayor, el sector público cobra cada día un mayor protagonismo, imponiéndose frente a los cauces privados por los que anteriormente se regían las relaciones. De ahí que el discurso del argentino resulte tan innovador, tan rupturista.

La manera en la que el Estado incrementa su actividad toma diferentes manifestaciones, ya sea desde una mayor actividad económica, o bien con un aumento de la actividad regulatoria o una creciente presión fiscal para dotarse de cada vez más recursos para atender a sus objetivos. No olvidemos aquí que el Estado, según dice la teoría política, persigue los fines generales de la ciudadanía. En cambio, estos fines generales son los que interpreta el político como los que él debe llevar a cabo cuando es elegido. La legitimidad de los votos hace que sea el representante el que en última instancia se erija como árbitro de la voluntad de los ciudadanos, teniendo cierta manga ancha a la hora de dirigir la actividad fiscal del Estado.

Esta acumulación de poder puede llevar a que el representante se distancie del representado, tanto como para no atender las necesidades de este. De esta manera, y apoyándose en el refrendo electoral, la mayor tentación del gobernante es usar las urnas para incrementar el papel del Estado, alimentando un Leviatán condenado a la ineficiencia. Así, en el caso concreto de España, los últimos lustros se han caracterizado por una carrera fiscal que cada vez asfixia más al contribuyente. Si en 2008 los ingresos fiscales de España ascendían a los 364.000 millones de euros, en 2022 la cifra se situaba en 511.000 millones, lo que supone un 40% más. De hecho, el esfuerzo fiscal en España (lo que le cuesta realmente a cada contribuyente la recaudación del Estado) es superior en un 17% respecto al esfuerzo en el resto de los países miembros de la UE. Dicho de otra manera, hemos tomado una deriva recaudatoria más agresiva y asfixiante que la tendencia del resto de Europa. Si comparamos con los demás miembros de la OCDE, el esfuerzo fiscal es un sonrojante 20% superior en España.

Ante este mayor afán recaudatorio (iniciado por las reformas de Rajoy y Montoro), la consecuencia más inmediata para el contribuyente es que su ahorro se ve aminorado debido a una tributación cada vez más agresiva y variopinta. En tanto en cuanto el tributo reduce la capacidad de ahorro, la acumulación de capital se convierte en una tarea difícilmente realizable por el ciudadano. Como resultado, la falta de ahorro entorpece seriamente acceder a la propiedad, especialmente a la propiedad de bienes cuya estabilidad en el tiempo producen arraigo, como son la tierra o la vivienda. Para paliar las necesidades habitacionales, el alquiler -degenerando incluso en coliving– surge como solución en el mercado de la vivienda, siendo la propiedad relegada al ostracismo.

La propiedad no es solo un derecho, o una palabra con la que elaborar discursos políticos atractivos. La propiedad, en la tradición jurídica occidental, denota una vinculación basada en el esfuerzo propio o familiar (como las herencias) y que denota legítima exclusividad respecto al bien, llevando así al arraigo. Un arraigo que, además, se fundamenta en el precio pagado para obtener dicha exclusividad: el trabajo. En cambio, descuidar la institución de la propiedad empuja a la no vinculación, a no tener arraigo debido al carácter frugal de alternativas como el arrendamiento, cuyo compromiso y exclusividad son los propias de las tribus nómadas. Dicho de otro modo, la uberización de la sociedad empuja a que el individuo sea parte de una prole sin arraigo, sin la fortaleza que supone la propiedad.

Esta falta de compromiso que conlleva la uberización conduce al debilitamiento de la sociedad debido a que el ciudadano no está respaldado por un refugio, unos mínimos de seguridad; sino que la amenaza de verse en la calle desposeído y viviendo en la miseria se hace presente. Así, la inseguridad es la nota común de nuestro tiempo, el miedo a que el estado actual de cada particular se pueda desvanecer ipso facto. Esto está íntimamente ligado a no cuidar la institución de la propiedad y priorizar la frugalidad como único estilo de vida posible.

Al final, las sociedades pueden ser o bien de propietarios, o bien de proletarios. Si bien las raíces de los primeros incomodan al Estado, son los segundos los que se incentivan, tanto por las políticas fiscales como por unos mercados que quieren inducir a un consumismo sin freno (lo que algunos llaman turbocapitalismo). El resultado es el actual: una sociedad cuyo pilar fundamental es la nada, el nihilismo. De ahí su fragilidad, siendo más fácil de gobernar a un pueblo débil que a uno fuerte.

Sea como sea, en Occidente debemos recordar el valor civilizatorio que conlleva la denostada propiedad. Las raíces denotan pertenencia, y ello ayuda a la pacificación y la cohesión social, la seguridad aumenta y la libertad empuja a un menor protagonismo estatal. Por ello, no dejemos de demandar a nuestros representantes que cuiden e incentiven la propiedad.

Autor: Ricardo Martín de Almagro es economista, jurista y escritor.