Ley de Amnistía, hija del Estado de Derecho – Emilio Esteban-Hanza

Estamos escuchando machaconamente que la recién aprobada Ley de Amnistía constituye un ataque frontal al Estado de Derecho y hace tambalear los cimientos sobre los que dicho Estado se edifica. Pero la realidad que nos negamos a reconocer es que Pedro Sánchez y su pandilla no han hecho otra cosa que emplear los medios que pone a su disposición ese mismo Estado de Derecho para desarrollar con éxito sus tropelías. Sánchez entiende perfectamente que «Estado de Derecho» -en la concepción positivista imperante- será lo que el Gobierno con la mayoría política suficiente desee que sea. Más que nos pese, nuestro «Estado de Derecho» permite decidir hoy que una acción es criminal y mañana declarar que nunca lo fue si se logran los apoyos políticos necesarios.

En su concepción clásica, el derecho no constituía un mero conjunto de normas arbitrarias fruto de la voluntad del poder o de las mayorías ideológicas temporales. El derecho era un instrumento para la realización de la justicia, es decir, para «dar a cada uno lo suyo». En su raíz romana, se partía de la idea de que previamente existía lo que es de cada uno y unos derechos de la persona que debían ser reconocidos y dados en justicia. Y es aquí donde entraba en juego y se desarrollaba el Derecho. La validez de las normas se juzgaba de acuerdo con el principio de la justicia natural y la verdad de las cosas.

Hoy, sin embargo, se ha convertido en dogma el principio rosseauniano que entiende al Parlamento -y por ende al Gobierno- como portavoz de la voluntad general, depositario de la «Razón Universal» y, por tanto, fuente de la justicia y el derecho. Al asumir esta idea, el Estado ha quedado convertido en el «Gran Legislador». Pero la situación se ha agravado con el positivismo jurídico, hegemónico en Europa desde su nacimiento en el S. XX. Esta corriente entiende el Estado de Derecho como un sistema de sujeción del Estado a un derecho que él mismo crea, deroga y modifica a su voluntad, lo que provoca que el derecho necesariamente deje de constituir un límite a la voluntad del poder para pasar a convertirse en su más poderoso instrumento. El derecho concebido como un producto del libre arbitrio del parlamento erigido como «fuente de la justicia», abre las puertas a que las normas se conviertan en la mera expresión de los intereses del poder despojándolas de todo sentido jurídico. Y lo que es más grave, con muy dudosos límites.

Aprovechando este ideal escenario para el surgimiento de las tiranías, la izquierda ha dado un paso más al entender el derecho como el más eficaz instrumento de transformación social y como una herramienta perfecta para moldear el demos a golpe de ley. Esta lógica jurídica transformadora de la realidad social e histórica se refleja, por ejemplo, en la promulgación de la ley de Memoria Democrática en 2022. Y la intención de moldear irreversiblemente la composición social española para ajustarla a los intereses políticos, se aprecia en la actual tramitación de la iniciativa legislativa para la regularización de 500.000 inmigrantes que han irrumpido en nuestro país violentando la ley. 

El resultado de todo lo anterior es la clara evidencia de que el sistema permite que la ley se vea reducida a la mera expresión de la voluntad del poder siendo despojada de todo sentido de justicia. Cosa que es más evidente aún si mencionamos las dieciocho reformas del Código Penal de los últimos años, una de las cuales eliminó el delito de sedición del art. 544 y la sanción de la administración desleal del patrimonio público del art. 432 por exigencia de Esquerra. O las sucesivas reformas e intentos de reforma de la LOPJ para hacerse con el control de la justicia. O la «Ley del Solo Sí es Sí». Ejemplos hay muchos. Pero ahora nos toca echarnos las manos a la cabeza con la promulgación de la Ley de Amnistía.

No debe sorprendernos, pues esto es la consecuencia inevitable de la idea subyacente que concibe el derecho como una simple convención social o una construcción artificial carente de fundamentos objetivos, lo que Dalmacio Negro denomina «nihilismo jurídico». Este «nihilismo jurídico» tiene diversas traducciones prácticas. Una de ellas es el surgimiento de una normativa con potestas (con poder efectivo para hacer cumplir sus mandatos) pero sin auctoritas (sin legitimidad basada en la moral, en lo justo o en el saber). Una normativa sin autoridad, lejos de resolver el problema secesionista, lo cronifica. Y lo cronifica porque después de este fenómeno jurídico-político los separatistas son plenamente conscientes de que el Estado ha sido despojado de toda legitimidad para establecer y castigar infracciones perfectamente tipificadas en este asunto.

Al defender la concepción positivista vigente de «Estado de Derecho» -que es precisamente el escenario en el que el poder político ostenta una facultad pseudodivina para erigir las leyes que sirven a sus intereses más utilitarios- al tiempo que condenamos sus frutos, no hacemos más que recordar a Vázquez de Mella cuando nos aseguraba que es una contradicción poner «tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias».

Autor: Emilio Esteban-Hanza es jurista, politólogo y coordinador de la Asociación de Juristas Derecho y Libertad.