II Jornada de pensamiento jurídico: «Derecho, Estado y Bien Común».

El pasado sábado 1 de marzo, la Asociación de Juristas de Derecho y Libertad celebró la II Jornada de pensamiento jurídico «Derecho, Estado y Bien Común». Durante este encuentro distintos expertos pudieron conversar bajo la cuestión de si es realizable la idea del Bien Común en un Estado liberal que se define a sí mismo por el desacuerdo en las cosmovisiones. De esta manera abordaron la noción de Derecho, Justicia y de Estado, a la vez que analizaron la aplicación del marco teórico en la práctica.

En el primer panel titulado “¿Es posible hablar de Bien Común en un Estado Liberal?” intervinieron el catedrático de Política Social de la Universidad de Murcia, Jerónimo Molina; y el profesor de Política Social de la Universidad de Murcia, Domingo González, para analizar si el Estado actual desde el liberalismo contemporáneo que se define como neutral es compatible con alcanzar una definición de Bien Común que vertebre la convivencia en la sociedad.

Jerónimo Molina en su intervención ha comenzado procurando acercarse a la noción de Bien Común y ha afirmado que la respuesta a la pregunta sobre qué es el Bien Común se enlaza directamente a la cuestión sobre la finalidad de lo político, sin ser así como ha destacado el catedrático, su única finalidad. De esta manera, Molina ha explicado que la política encuentra el Bien Común en la defensa de la soberanía que consiste en mantener la seguridad frente al enemigo y promover la prosperidad y bienestar público, y que el abandono del conflicto por parte de las democracias actuales da lugar a una idea difuminada del verdadero Bien Común.

Por su lado, Domingo González abordó la cuestión, desde una perspectiva complementaria, la del conflicto como un hecho saludable para las democracias. González ha afirmado que para evitar las dificultades que surge de una visión demasiado optimista del Bien Común, hay que entender que los conflictos también favorecen a la construcción de las comunidades políticas. Durante su intervención, el profesor de Política Social ha transmitido que el abandono en Europa a su “tradición de irreverencia” ha producido una pérdida del verdadero Bien Común de una sociedad en favor de un consenso que abandona la libertad.

En el segundo panel bajo el nombre “El Bien Común en la práctica jurídica: ¿qué herramientas tenemos?” intervino el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral. El magistrado del Tribunal Supremo ha compartido con los asistentes que las democracias actuales se fundamentan en un cierto rechazo de una idea de bien jurídico sustantivo de carácter absoluto, sin embargo, previno del idealismo de los jueces iusnaturalistas denunciando el peligro que este enfoque encierra en la aplicación de la justicia. Según del Moral, desde una perspectiva ética, el juez debe estar revestido de la virtud de la humildad que actúe como elemento de contención ante posibles pretensiones de desnaturalizar y personalizar la aplicación de la justicia. En este sentido, del Moral resaltó la importancia de contar con herramientas como la objeción de conciencia que, evitando la imposición de cuestiones éticas sobre el fuero interno del juez, permitan garantizar el imperio de la ley en nuestro Estado de Derecho.

Finalmente intervino la abogada de la acusación popular en el caso Begoña y en el caso Koldo, Marta Castro, y planteó la necesidad de reflexionar sobre la aplicación de leyes que puedan ser injustas y sobre la naturaleza de las acciones y sujetos implicados en el proceso penal. Así pues, defendió que la acusación popular como una herramienta clave para garantizar la justicia y el Bien Común, recordando su origen en el derecho romano y su consolidación histórica. En este sentido, Castro ha explicado que la “ley Begoña” vulnera la participación ciudadana y reduce la importancia constitucional de la acusación popular. Sostiene que el poder judicial debe supervisar cualquier normativa, incluso la emanada de los otros poderes. Aunque ha reconocido posibles abusos, ha enfatizado que la acción popular es fundamental para el control ciudadano, especialmente ante un Ministerio Fiscal que requiere reformas.

Tras las ponencias, pudimos disfrutar de un fructífero coloquio en el que los participantes intercambiaron ideas.